¿Qué trámites legales deben afrontarse al comprar vehículos de segunda mano?

La compra venta de autocaravanas y de otros vehículos continúa siendo un mercado atractivo para el conductor. El ahorro de precios, la disponibilidad inmediata o el acceso a modelos clásicos o descatalogados explican su demanda al alza. Sin embargo, adquirir un vehículo usado conlleva para las partes involucradas —vendedor y comprador— la obligación de realizar una serie de trámites legales, como el cambio de titularidad o el abono del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

En particular, este tributo se activa cuando la operación se realiza entre particulares y recae siempre sobre el comprador, que está obligado a satisfacerlo en las oficinas competentes de su comunidad autónoma. Dependiendo de su ubicación, la cuantía de este impuesto se sitúa entre el cuatro y el ocho por ciento del importe total de la compra del vehículo.

Si la autocaravana, coche o ciclomotor de ocasión se adquiere a una empresa, el tributo ITP es reemplazado por el IVA convencional, al veintiuno por ciento. En esta operación, el comprador no disfrutaría de ningún ahorro en el pago de sus tributos, salvo que disponga de certificado de movilidad reducida, en cuyo caso podrá acogerse a un IVA reducido del cuatro por ciento.

El cambio de titularidad del vehículo también acarrea el pago de tasas, asumidas generalmente por el comprador y que ascienden a unos cincuenta euros, aunque este monto varía en función de la CC.AA. El interesado dispone de treinta días para solicitar la transferencia, siendo un trámite que se realiza en la Dirección general de Tráfico (DGT).

A la hora de tomar posesión del vehículo usado, es recomendable cerciorarse de que su documentación está en regla. El papeleo incluye el certificado del seguro, la ficha técnica y la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que deberá estar en vigor, entre otros documentos. 

Consultar el historial del coche o ciclomotor en cuestión también es importante, ya que podrían pesar sobre él sanciones, embargos, etcétera. Estos males también afectan a los vehículos recreativos, como autocaravanas y furgonetas camperizadas.